Los cuatro años de un jaque a la paz

El pasado 26 de septiembre se cumplieron cuatro años de la firma del primer Acuerdo de Paz entre el Gobierno Nacional, en cabeza del entonces presidente Juan Manuel Santos, y las FARC-EP.

Sin embargo, a pesar de lo pactado entre ambas partes, de paz hemos visto poco y, al contrario, el pueblo colombiano ha sido testigo de cuatro años llenos de entorpecimientos, ambigüedades, abandonos e incumplimientos.

Al hablar de este hecho que hizo historia en el país, los primeros dos años fueron los más esperanzadores dentro del posconflicto, debido a que nació la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), tres mecanismos que se pusieron en marcha para esclarecer los hechos que hicieron parte del conflicto armado y así dar respuesta al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Además, las FARC lograron conformarse como un partido político, participaron en sus primeras elecciones y tomaron asiento dentro del Congreso de la República.

Teníamos todo un mundo pintado en rosa, con un documento de 310 páginas que lo respaldaba, así que ¿Qué pasó?

Un presidente puesto por el partido político que promovió el “No” a los Acuerdos de Paz en el plebiscito del 2016. La conformación de la segunda Marquetalia por parte de disidencias de las FARC, entre los cuales se encuentran dos de sus líderes más importantes, Jesús Santrich e Iván Márquez. La asignación de cargos importantes, de entidades que trabajan dentro del marco del posconflicto, a políticos que niegan la existencia del conflicto armado, como ocurre en el caso de Darío Acevedo, quien ocupa el puesto de director del Centro Nacional de Memoria Histórica (CNMH); dichos motivos, junto con otros tantos, son mi respuesta al qué pasó en estos años.

Colombia, en el 2017, tuvo cero muertes en combate, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos y, en datos del Consejo de Reincorporación, al final del gobierno de Santos había 13.037 excombatientes que se encontraban en reincorporación y cinco, de los siete casos que se encuentran actualmente abiertos ante la JEP, ya estaban en proceso, a pesar de las discusiones de competencia que había con la Fiscalía General.

Sin embargo, los problemas dentro de la implementación de los acuerdos de paz ya comenzaban a salir, como lo fue el crecimiento de casos de líderes sociales asesinados, que ya eran más de 200 en el 2017 y 84 en el caso de los excombatientes. También aparecieron inconsistencias dentro de la dejación de armas por parte de la exguerrilla y las cifras de los menores que estuvieron en sus filas no eran claras.

Luego llegó otra mirada que aparentaba ser más alentadora, y era la presidencia de Iván Duque. En su discurso de posesión, el presidente Duque se refirió a los acuerdos y dijo: “corregiremos las fallas estructurales que se han hecho evidentes en las implementaciones. ¿Qué hay de dichas correcciones? En los dos años, de los cuatro de la firma de los acuerdos, que ha gobernado Iván Duque, más de 1.000 líderes sociales y más de 200 excombatientes de las FARC han sido asesinados, según cifras de Indepaz. Ha esto le sumamos que en el 2019 las masacres aumentaron un 164% y en lo que va del 2020, han ocurrido 64 masacres, el doble del año anterior. Por otro lado, los cultivos de hoja de coca llegaron a 212.000 hectáreas en 2019 ¿La solución del gobierno? Recurrir a la aspersión de glifosato, cuando en el punto 4 del Acuerdo, se había decidido que, para dar respuesta a esta problemática, sería por medio del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, y no con el uso de este químico que ha sido prohibido en 17 países del mundo.

Han sido cuatro años de una nula paz y no podremos llegar a ella si el país continúa registrando la creciente ola de violencia, similar a la que se esperaba dejar atrás con el fin de 50 años de conflicto. Tampoco podemos hablar de cumplimento si el Gobierno no da políticas y respaldo a la implementación del Acuerdo, y mucho menos si la otra parte niega los crímenes de guerra que fueron cometidos, como en el caso de Sandra Ramírez, exintegrante de la exguerrilla y actual segunda vicepresidenta del Senado, quien dijo que el reclutamiento forzado de menores por parte de las FARC es una mentira. Sin verdad, no hay paz, no hay nada.

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