¿Por qué siguen habiendo tantos pobres si el PIB nunca ha dejado de crecer?

Por: Julián Andrés Sarmiento Herrera

El gran triunfo del neoliberalismo consistió en el convencimiento general de que la aplicación de medidas «desrregulacionistas», librecambistas, y en general, “benevolentes” hijas del libre mercado, traerían a los países menos desarrollados estabilidad económica. Hoy, a más de 30 años del surgimiento de la doctrina Reagan y Thatcher, y a más de doce de la celebración del Consenso de Washington, con unos índices de crecimiento económico que no llenan las expectativas, y con un índice de desigualdad que en Colombia se acerca más a la perfecta desigualdad, que a otra cosa (50.8/60 en la escala GINI), deberíamos tener más que clara la falsedad de este postulado. Es notorio que la apertura del mercado y la aplicación de medidas que profundizan la desigualdad, no son eficaces para reducir la pobreza en ningún lugar del mundo (Amarante, 2008).

Según cifras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL, 2019), para el año 2019, más del 30% del total de la población latinoamericana se encontraba en situación de pobreza, mientras que el 11.3% de la población, de hecho, se enfrentaba a pobreza extrema. Esto significa que para la fecha, habían 257 millones de personas pobres solo en esta región.

En Colombia, este porcentaje en el mismo año superaba el 35% de población total en situación de pobreza, mientras que el 12.5% de la población enfrentaba pobreza extrema.

(esto quiere decir que en Colombia, para el año 2019, casi la mitad de la población censada total del territorio era pobre, ubicándola como el segundo país más desigual de toda América Latina, precedida solamente por el Estado Federal de Brasil).

Lo interesante del asunto es que mientras la CEPAL emitía estas cifras alarmantes, al mismo tiempo, el Banco Mundial publicaba cifras que parecían alentadoras, al menos en cuanto a Colombia, país que constantemente registraba un crecimiento económico (Banco Mundial, 2021), ¿Cómo es posible que la economía de la región crezca cada año y sin embargo, cada año hayan más pobres?

Los dos resultados anteriores, aparentemente contradictorios, lo dejan de ser cuando entendemos que no podemos asumir la calidad económica de un país solo con base en la creación de producto interno bruto. Es necesario comprender que el PIB es un factor importante, pero claramente no determinante a la hora de entender por qué un país y sus habitantes, son o no pobres (Novales, 2011, p.p.9). El crecimiento económico aumenta, y de hecho aumenta mientras también aumenta la pobreza. Este resultado estadístico lleva invariablemente a preguntarse ¿Qué está pasando con la redistribución del ingreso que entra anualmente a los países latinoamericanos?

La economía jamás puede leerse de forma aislada de lo político. Como explica el economista (Novales, 2011, p.p.3), la forma en que se distribuye el ingreso en un Estado depende siempre del diseño de sus políticas públicas de redistribución. Es así como en sociedades en donde las clases dominantes son cercanas a los gobiernos, la redistribución mayoritaria del ingreso recaerá generalmente en esa misma clase, dejando a los más pobres por fuera de este aparente crecimiento económico fijo. Esto explica muy bien, por ejemplo, por qué en el año 2000 el 20% más rico de la población recibía el 74% de la renta producida en todo el mundo, mientras que el 20% más pobre, percibía apenas el 2% total de la renta mundial; de hecho, en ese mismo año el 2% más rico del mundo, era propietario del 50% de toda la riqueza mundial (CEPAL, 2015, p. 23), situación que es completamente inadmisible si se tiene en cuenta que es precisamente el porcentaje de población más pobre quienes con su fuerza de trabajo producen esa misma riqueza.

Lamentablemente, el fenómeno anterior es muy común tanto en la nación colombiana, como en toda la región, debido principalmente a que los Estados más desiguales, coinciden también con aquellos con mayor presencia de corrupción en sus instituciones

o con presencia de conflictividad social interna, situación que, como veremos más adelante, no es una simple casualidad, pues cada vez dentro del estudio económico de la desigualdad se le viene dando más importancia al hecho de que los conflictos sociales derivados de la distribución desigual del ingreso, por un lado, estancan el crecimiento económico de los Estados, y por el otro, agudizan las condiciones antidemocráticas, y claro, profundizan la brecha de riqueza existente entre los sectores más ricos de la población, y los más pobres.

Bajo la anterior hipótesis, los Estados latinoamericanos, y en particular Colombia, se encuentran en una situación cíclica de difícil desenvolvimiento: la presencia de instituciones democráticas débiles, así como las políticas económicas excesivamente aperturistas, facilitan la intromisión de intereses particulares en la creación de políticas públicas, (Amarante, 2008, p.p40-41) situación que inevitablemente genera desigualdad en la distribución del ingreso; esta desigualdad, a su vez, crea conflictos sociales (como el Conflicto Armado Colombiano derivado en gran medida del abandono estatal sufrido por la población campesina durante la década de 1960) y al mismo tiempo, la presencia de conflictos sociales producto de la desigualdad, debilitan el crecimiento económico de los Estados, al representar entornos poco seguros para la creación de empresas locales y la inversión de capitales extranjeros. Este fenómeno, también obstaculiza el crecimiento económico de la población al no incentivar el emprendimiento, para en su lugar financiar la creación de ejércitos o salidas militaristas para la resolución de esos Conflictos, lo que por supuesto, lejos de restaurar la articulación y cooperación social, agudiza la ruptura.

Este crecimiento de la desigualdad fomenta a su vez el clientelismo político a través del cual la población trataría de mitigar la situación de pobreza al buscar hacer parte de ese engranaje político-económico, y el clientelismo afectará a su vez la calidad democrática de esos Estados, asegurando la continuidad de las clases dominantes en la política, y permitiendo así, la perpetuación del ciclo.

Por supuesto, la existencia de este modelo no genera ningún interés de crecimiento económico en los gobiernos que acentúan la aplicación de políticas públicas tendientes a la desigualdad (un ejemplo reciente de esto fue el proyecto de Reforma Tributaria presentado por el gobierno de Iván Duque Márquez, que pretendió fiscalizar bienes de uso básico durante la pandemia, que en Colombia, derivó en la salida a las calles de millones de personas durante el paro Nacional del año 2021), demostrando así la importancia de que la política económica se rija bajo criterios constitucionales y sociales, y no bajo los intereses siempre volátiles, y siempre, particulares del mercado.

Observando esta interrelación de factores, es evidente que la construcción de una agenda de paz en el Estado Colombiano es indispensable si realmente se desea hacer algo en contra de la situación de pobreza en la que viven la mitad de los habitantes de este país. Décadas de inversión en políticas militaristas (solo en el año 2020, en medio de la pandemia y durante el postconflicto el Estado Colombiano destinó 9200 millones de dólares para la guerra), y de poca inversión en derechos fundamentales como salud y educación, así como el marcado incumplimiento por parte del Gobierno Nacional, de la agenda agraria pactada en el primer punto del Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera con respecto a una reforma integral y estructural del sector agrario (el de mayor productividad en Colombia), lejos de superar el Conflicto Social que atraviesa el país, ha acentuado su naturaleza haciendo que, con respecto a años anteriores, estemos más lejos que nunca de superar esta barrera para la eliminación de la pobreza en el país.

Por lo tanto, un auténtico desarrollo de la economía nacional, que se traduzca no solo en crecimiento económico con respecto al PIB, sino en una eliminación material de las desigualdades en el acceso a Derechos por parte del grueso de la nación colombiana, requiere una nueva orientación en las políticas públicas.

La nación colombiana está muy lejos de ser un Estado de bienestar, porque, para empezar, está aún lejos de consolidarse siquiera como un Estado Social de acuerdo con los fines deontológicos de su propia Constitución Política.

Y quizás la aplicación de políticas públicas orientadas a disminuir la desigualdad, tales como la fiscalización progresiva de acuerdo a la riqueza, la redistribución de la tierra (que además permitiría en parte poner fin al oscuro capítulo del desplazamiento forzado en el país), la universalización y subsidio de un sistema de educación pública, gratuita, y universal, pueda sonar amenazante para algunas personas de las clases dominantes quienes ven en peligro sus privilegios por la posibilidad de una (justa), redistribución de la riqueza; sin embargo, es preciso que incluso estas clases comprendan que la reducción de la desigualdad, al menos de momento, no supone el desmonte de su sistema de acumulación de la riqueza y del producto del trabajo, sino apenas, de crear las condiciones mínimas para que el Estado Colombiano comience a crecer de manera integral de acuerdo a los marcos mínimos que el Sistema Internacional de los Derechos Humanos considera digno para la población mundial.

Bibliografía:

  1. Amarante, Verónica. Crecimiento Económico, Distribución del Ingreso y Conflicto Social: El Caso de América Latina. P.p: 31-65. Publicado en: La Economía Política de la Pobreza. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. Buenos Aires. ISBN: 978-987-1183-83-8
  2. Banco Mundial. Crecimiento del PIB (% anual) – Colombia. Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. 2021. Consultado en: https://datos.bancomundial.org/indicator/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=CO
  3. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Crecimiento de América Latina y el Caribe en 2021 no alcanzará a revertir los efectos adversos de la pandemia. Comunicado de Prensa del 08 de julio de 2021. Consultado en: https://www.cepal.org/es/comunicados/crecimiento-america-latina-caribe-2021-alcanzara-revertir-efectos-adversos-la-pandemia
  4. Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Panorama Social de América Latina. 2020. Informe publicado en: https://www.cepal.org/sites/default/files/presentation/files/version_final_panorama_social_para_sala_prebisch-403-2021.pdf
  5. Comisión Económica para América Latina y el Caribe: Desigualdad, concentración de ingreso, y tributación sobre las altas rentas en América Latina. 2015.
  6. El Espectador. Colombia, entre los 30 países con mayor gasto militar en 2020, pese a pandemia. Por: Redacción Política con Información  EFE. 26 de abril de 2021. Disponible en: https://www.elespectador.com/politica/colombia-entre-los-30-paises-con-mayor-gasto-militar-en-2020-pese-a-pandemia-article/
  7. Novales Cinca, Alfonso. Crecimiento Económico, Desigualdad y Pobreza. Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. 21 de Junio de 2011. Disponible en: https://www.ucm.es/data/cont/docs/518-2013-11-27-Ponencia%20210611.pdf
  8. Morales Escoffier, Natacha. Un Rompecabezas no resuelto. La estrategia boliviana de reducción de la pobreza y el rol del Estado. P.p: 67-114. Publicado en: La Economía Política de la Pobreza. Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, 2008. Buenos Aires. ISBN: 978-987-1183-83-8